El 28 de junio del 2009, una unidad militar hondureña entró en la casa del presidente Manuel Zelaya, lo despojó de su cargo y lo llevó a Costa Rica en contra de su voluntad. Zelaya había sido electo presidente de Honduras en el 2005. El golpe se dio luego de que este intentara realizar una consulta popular, la cual decidiría sobre la convocatoria a una asamblea constituyente. La ambicionada reforma constitucional haría posible la reelección de un(a) presidente después de su primer mandato, lo que está prohibido por la actual constitución hondureña. Crític@s y la Sala de lo Constitucional de Honduras acusaron a Zelaya de querer implementar la reforma para poder gobernar un segundo mandato. Hubo una fuerte oposición al proyecto, incluso dentro de su propio partido y desde el Poder Judicial se inició un proceso para declarar la consulta popular como inconstitucional. Sin embargo, hasta la fecha no existe una sentencia que declare esto. Después de que Zelaya fuera llevado al extranjero, en una reunión del congreso se leyó la renuncia, aparentemente falsificada, del presidente, y a continuación el congreso decidió transferir el cargo a Roberto Micheletti, hasta entonces presidente del congreso nacional. Como Zelaya, Micheletti era miembro del Partido Liberal de Honduras (PLH), un partido hondureño de centroizquierda. La comunidad internacional condenó unánimemente el golpe y reaccionó con medidas drásticas como la suspensión de la afiliación a organizaciones internacionales y la congelación de créditos.¹

Unos meses después de la destitución de Zelaya y del breve gobierno interino de Micheletti, el candidato de la derecha, Porfirio Lobo, fue electo nuevo presidente. Su toma de posesión marcó el inicio del gobierno conservador del Partido Nacional de Honduras (PNH), que continúa en el poder. Desde el 2009, los conflictos sociales en el país se han intensificado y el país se ve sacudido repetidamente por conflictos y disturbios civiles, especialmente durante las elecciones. A menudo, debido a la implementación de megaproyectos de los que la mayoría de la población local no se beneficia o que incluso afectan la subsistencia de las personas y el medio ambiente.^2,3

El golpe ha sido presentado de diferentes maneras. Por un lado, grupos de izquierda han calificado los acontecimientos como una intervención ilegal (con la participación de los EE.UU.) contra la política progresista de Zelaya con el objetivo de dividir los partidos de izquierda. Por otro, los grupos conservadores han visto el golpe como una medida necesaria para evitar consecuencias peores, como una situación similar a Venezuela.⁴